Denuncia la existencia de decenas de pisos públicos vacíos en Santa Cruz de Tenerife

Sí se puede denuncia la existencia de decenas de pisos públicos vacíos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Asun Frías, concejala ecosocialista en la capital tinerfeña, pide la comparecencia de Carmen Delia Alberto, consejera delegada de Viviendas Municipales, en la Comisión de Control de este jueves, 11 de octubre, para reclamar el cumplimiento de la moción a favor del derecho constitucional a la vivienda, aprobada de forma unánime por el pleno el pasado 29 de junio, a propuesta de Sí se puede, PSOE e IUC. En la sesión de control, Frías exigirá “políticas serias frente a la improvisación y el paripé de Coalición Canaria. Ante algunas amenazas de desahucios llegan a última hora de salvadores, a sacarse la foto como si le estuvieran regalando la vida a la gente, cuando llevan décadas gobernando en Canarias, en Tenerife y en Santa Cruz, sin construir viviendas sociales ni gestionar adecuadamente las existentes”, critica la concejala de Sí se puede. La insuficiencia de un parque público de viviendas, tal como ha señalado el Diputado del Común en sus últimos informes anuales, coincide con la existencia de gran cantidad de viviendas vacías pendientes de concesión, “lo que supone una conculcación de un derecho fundamental, protegido por la Constitución”, recalca Frías. En este sentido, la concejala recuerda a Alberto que desde hace tres meses el Ayuntamiento quedó comprometido en ampliar el protocolo antidesahucios de 2012, en la línea de incluir y buscar alternativas para las familias en situación de pobreza, exclusión o alta vulnerabilidad social que están ocupando viviendas ilegalmente, así como en todos los casos de ejecuciones por impago del alquiler. Asimismo, otro de los acuerdos aprobados obliga a la corporación a dirigirse a las entidades bancarias y filiales para que, en las viviendas ya finalizadas de su titularidad, tramiten la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad. En caso de que no se atienda esta solicitud, el propio Ayuntamiento deberá analizar todas las medidas legales posibles para obtener estos requisitos previos a la ocupación de la vivienda. Por último, desde junio se decidió instar a todos los grupos del Parlamento y al gobierno de Canarias a revisar la Ley de Viviendas autonómica con el fin de reducir la exclusión habitacional que sufre Canarias y de regular la vivienda deshabitada de titularidad de personas jurídicas, especialmente de los bancos y sus empresas filiales. Al tiempo, la corporación se comprometió a solicitar al ministerio de la Vivienda y al gobierno autonómico el incremento de las partidas presupuestarias en materia de alquiler social y la eficacia en la gestión de estas ayudas, según lo reclamado por el Diputado del Común en sus diversos informes anuales.