Claves muy interesantes a cuenta de la utilización política del caso de Josefa Morales

Ver a Marcial Morales compitiendo con el de Podemos a ver quién le quitaba más minutos de protagonismo televisivo a Josefa, cuya obra contó con subvenciones del Cabildo de Fuerteventura y que es presuntamente tan ilegal como la de Mario Cabrera, es patético, según ha publicado Fuerteventura Limpia.com. El caso de Josefina Hernández se remonta al año 1999, cuando se construyó la casa en un parque Natural en Aguas Verdes, municipio de Betancuria, para la cual contó con subvenciones del Cabildo de Fuerteventura. Doce años más tarde, en 2012, una sentencia firme la condena por un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de prisión y una multa de 700 euros; pero al no tener antecedentes no entra en prisión. La reparación del daño ocasionado por el delito, según resulta de los artículos 109, 110 y 112 del Código Penal, está prevista con carácter general. Algo plenamente dotado de sentido, ya que, de otro modo, la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. No obstante, tras la sentencia, acomete una obra –no sabemos si ella o algunos de sus hijos– de ampliación en su casa. Tras una llamada de un vecino al Seprona, levanta atestado, lo que le acarrea una segunda sentencia condenatoria por desobediencia. Al haber reincidido en el delito, la condena de prisión es automática. En cuanto a la casa de Mario Cabrera, a pesar del expediente abierto mientras estaba en construcción, la obra continuó y se pudo acabar, contando en la actualidad con todos los servicios de agua y luz. Esto podría ser constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio por construirse su casa sin licencia municipal. Sin embargo, ¡oh, suerte del destino! se desconoce el actual paradero del expediente. El año pasado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se negó a condenar el presunto delito del expresidente del Cabildo de Fuerteventura, tras una petición de Fuerteventura Limpia. Psicodélica es la postura de algunos ecologistas como Jesús Giráldez, que enmiendan un delito medioambiental con otro, siempre tan escasos de argumentos salvo para aplicar la socorrida «demagogia de los agravios comparativos» aunque suponga poner en evidencia a sus socios de Agonane que, pese a haber ganado el pleito en el Tribunal Supremo en el caso Majanicho, siguen sin solicitar que se ejecute dicha sentencia. ¿Por qué será? Para rematar la faena entra en acción la PAH con Podemos, que viene a ser lo mismo. En una competición para ver quién tiene más protagonismo, Andrés Briansó y Marcial Morales son capaces de chupar más minutos de cámara que la propia afectada y sus familiares para hablar de lo solidarios que son… el día antes de su entrada en prisión. El PSOE y NC-IF también se apuntan.