Emalsa lamenta y condena la difusión ‘manipulada’ del informe de Godoy Auditores

Emalsa condena y lamenta el perjuicio ocasionado a la imagen de la compañía por la difusión pública y manipulada del peritaje que viene realizando Godoy Auditores, por encargo del titular del juzgado de instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Francisco Galván Mesa, en relación con la causa que éste instruye. Pese a la obligación de custodia que pesa sobre las actuaciones en fase de instrucción en cualquier procedimiento judicial, en este caso, donde hay investigados quince ejecutivos de la compañía en un sumario que se viene instruyendo desde hace casi cinco años, se ha difundido un contenido pericial pendiente de ratificación por sus autores ante el juez instructor, con absoluto desprecio a lo que en sede judicial, sin duda, podrá alegar la compañía. La manipulación informativa de que ha sido objeto el referido informe comienza por dar por definitivo lo que aún no lo es, y nunca lo podría ser en los términos y contenido que se han difundido de manera falseada, en un claro intento –uno más- de ensuciar la imagen pública y el prestigio profesional de quienes en ella trabajan. En repetidas ocasiones, a través de diferentes auditorias realizadas (la mayoría de ellas por encargo del titular del servicio), se ha puesto en evidencia que de la gestión de sus socios privados no se desprende, en absoluto, quebranto económico alguno para los intereses públicos. Por el contrario, sí constituye un importante quebranto económico para los referidos intereses públicos, además de un gravísimo perjuicio para el propio servicio de aguas, el impago continuado de facturas de Emalsa que superan los 26 millones de euros, a los que se habría de sumar más de otros 7 millones en concepto de intereses de demora. Ignorando el contexto y confundiendo conceptos, la interesada interpretación que se hace del ‘Informe Godoy’ extrae algunos titulares escandalosos, y que no guardan relación con las conclusiones del documento, como será evidenciado por la compañía en sede judicial. El tratamiento informativo que Emalsa quiere denunciar registra errores de bulto, como asegurar que “Emalsa ha facturado a Sercanarias…”, cuando en realidad es ésta última quien presta servicios a Emalsa y, por lo tanto, le factura. O que existen 7,4  millones de euros en horas extras (en el servicio de alcantarillado) entre 2008 y 2013. Además de que el ‘Informe Godoy’ sólo analiza datos entre 2009 y 2012, como corresponde a la petición del juez, esa cifra supondría que Sercanarias sólo paga a sus trabajadores mediante horas extras, lo que resulta manifiestamente absurdo. Es obvio que la afirmación es doblemente falsa: ni esa cifra corresponde a horas extras ni el ‘Informe Godoy’ (que ni siquiera las totaliza en su último informe) dice nada semejante. Pero es que, además, la información publicada se desdice de ello, al explicar que esa cifra (7,4  millones de euros) es un simple cálculo intermedio del perito y absolutamente ajeno a las horas extras. También se afirma que el perito pone de manifiesto “13,15  millones de euros de perjuicio para Emalsa”  Pues bien, en ningún lugar del Informe de 2015,  ni de su ampliación en 2017,  se observa una cifra parecida. Ni siquiera sumando todos los perjuicios inicialmente estimados por el perito en 2015 (4,5 millones euros aproximadamente) podría obtenerse una cifra como esa. Y lo que es más revelador: en su ampliación de 2017 no hay valoración alguna de un presunto perjuicio económico. Aunque puede leerse que el perito ha descubierto 3,38 millones de euros de “excesos de facturación”, que se añadirían a los 2,3 millones de euros incluidos en 2015 (único dato cierto), omite que dichos supuestos “excesos” han sido refutados ampliamente por Emalsa en sus alegaciones y que, en consecuencia, en la ampliación del peritaje de 2017, ningún perjuicio atribuible a estos “excesos” (ni viejos ni nuevos) se detecta ni se computa. La manipulación que se hace del informe filtrado llega al extremo de recurrir al mantra de las quejas del ex interventor Bolívar sobre la inexistente resistencia de Emalsa a entregar información. Al punto de adjudicar al ‘Informe Godoy’ afirmaciones que son autoría de Bolívar –reveladas falsas- y que ni siquiera son reproducidas por dicho informe. No cita, sin embargo (y es muy significativo) la rotunda afirmación del informe de 2015 de que,  “si corresponde efectivamente al Ayuntamiento la asunción del coste del alcantarillado y no se le repercute por Emalsa en el importe que corresponda,  por limitarse al presupuesto municipal sujeto a un contrato desfasado, el coste no repercutido representaría un perjuicio económico para Emalsa” (sic). Como así es, en efecto. Emalsa, en fin, reitera su rechazo a tantas falsedades y condena la interesada filtración de un documento que se ha aprovechado por quienes vienen trabajando en el descrédito de los socios de la operadora.