Obligan al Estado a pronunciarse sobre el fenómeno de las microalgas en Canarias

El grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea obligará al gobierno que dirige Mariano Rajoy a interesarse por el problema de las microalgas que está afectando a Canarias desde este verano. El diputado Alberto Rodríguez ha registrado una batería de preguntas para conocer los estudios e información que maneja el Ejecutivo ante este problema “que se está convirtiendo en una auténtica alarma social en las Islas”. El diputado asegura que el gobierno de Canarias ha actuado con opacidad a la hora de informar a la ciudadanía ante esta crisis. Además, recuerda que el derecho a la información está recogida en la Ley General de Salud Pública donde se especifica que “los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto”. Debido a ello, desde Podemos se exige al gobierno que de cuenta sobre las informaciones que manejan, “si estas contemplan algún tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos”, y si ha habido algún tipo de coordinación y colaboración entre la Administración autonómica y la estatal ante todo este problema. El diputado también le pregunta al ejecutivo si tiene información donde se establezca algún tipo de relación entre la proliferación de las microalgas y los vertidos no tratados, “ya que hay un debate científico sobre ello e incluso el propio delegado del Gobierno en Canarias lo ha vinculado”. Rodríguez añade que, en relación a los vertidos, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre la falta de depuración de las aguas que se vierten al mar en España. “Ya en noviembre del año pasado la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal que imponga una sanción a nuestro país de más de 46 millones de euros y multas de 170.000 euros diarios si no se alcanzaba el pleno cumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de vertidos”. Por eso, el diputado también le preguntará que planes tiene el gobierno para cumplir con esta sentencia “que condena a España por los vertidos sin tratar”.