Podemos denuncia la alianza del Fiscal Superior de Canarias con el Juez Alba (malo)

En un informe del pasado 27 de marzo, el Fiscal Superior de Canarias se adhiere al recurso de apelación del juez Alba contra el auto de la magistrada instructora del TSJC que admitió la personación de Podemos como acusación popular y le exigió una fianza de 3.000 euros, que el Partido político depositó en la cuenta del tribunal. Se trata del mismo Fiscal Superior del TSJC que en el mes de diciembre de 2016 informó de que Podemos no era perjudicado por las actuaciones del juez Alba contra su entonces diputada Victoria Rosell, y que por tanto debía exigirse fianza al partido político "en la cuantía que la magistrada (Margarita Varona) estime conveniente y ajustada", y sin poner ninguna pega al poder presentado por Podemos -otorgado por su gerente el letrado en ejercicio José María Calvente- en favor de la letrada y procuradora del partido, personadas ante el TSJC en Las Palmas.  Sin embargo, el juez Alba apeló en el mes de marzo el auto de la magistrada alegando por un lado que el gerente del partido político no tenía poderes suficientes, ya que, según él, debía ser el Consejo Ciudadano Estatal el encargado de hacerlo y, por otro lado, que la fianza era inferior a la que en otro procedimiento se pidió al ex ministro Soria para ejercer la acción popular contra Rosell, de 12.000 euros. Para Podemos, resulta sorprendente que el Ministerio Fiscal se adhiera a estas alegaciones del imputado para poner obstáculos a la acusación popular. Y que para ello se alinee con el investigado, en contra del auto judicial. En primer lugar respecto del poder, porque si el gerente del partido político, y apoderado del mismo, muestra a un Notario un poder suficiente para subapoderar mediante escritura de poder para pleitos, es el Notario quien bastantea el poder y lo considera suficiente para el otorgamiento de segundo poder, en este caso para un proceso concreto en Canarias, las DP 10/2016 del TSJC contra el magistrado Salvador Alba Mesa. Y así lo hace constar en su escritura notarial. Puede que en otras ocasiones se haya visto que un imputado se estudie los estatutos del partido político y decida quién cree que es el órgano que puede subapoderar. Pero –según entiende la formación morada- es inaudito que un Fiscal Superior de una Comunidad Autónoma acoja esa alegación. Un apoderado puede delegar su poder, si está dentro de sus facultades. Por eso Podemos entiende que el Fiscal Superior de Canarias queda retratado con esa actuación al tratar de poner trabas a otra acusación, de modo que el fiscal Garrido pueda monopolizar, y así reducir o desvirtuar a su gusto, la acusación contra Alba. Pero más aún respecto de la fianza: el fiscal Garrido pidió la fianza que la magistrada estimase adecuada. La magistrada impuso 3.000 euros, que es la habitual para estos casos. Pero entonces el fiscal cambia de criterio, y ya no le parece bien la cuantía que  estime la magistrada, y pasa a abogar por la cantidad de 12.000 euros pretendidos por el investigado Alba para que Podemos no le pueda acusar. Tal anómala variación de la posición procesal del fiscal Garrido, que viene a redundar en la línea defensiva del juez Alba, encaja en la conocida táctica de aparentemente no desactivar la investigación y persecución de los delitos, pero sí hacerlo de modo indirecto, apoyando alegaciones de exigencias de exorbitantes requisitos o artificiosos tecnicismos, frustrando la exigencia de las responsabilidades penales o en definitiva el justo castigo de los culpables. Todo lo cual resulta muy preocupante para esta formación política en cuanto a la exigencia del principio de imparcialidad que debe imperar en las actuaciones del Ministerio Fiscal, máxime cuando en todo el escándalo de la maquinación del juez Alba contra Victoria Rosell, la imagen de la Fiscalía en Canarias desde el principio ha quedado en entredicho ante los profesionales de la justicia y ante la opinión pública.