Sepca denuncia la situación de ‘criminalización’ que se pretende realizar a los centros especiales de Empleo desde el Servicio Canario de Empleo

Para ello se utiliza, sin tener competencias visitas de inspección camufladas

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias actualmente hay más de 40 Centros Especiales de Empleo, que dan trabajo a más de 2.000 trabajadores con discapacidad. 

Los CEE son empresas del Tercer Sector cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales concebidos para ayudar a las personas con discapacidad a superar barreras y su objetivo último es la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo donde su plantilla la conforman al menos un 70% de personas con discapacidad, y son subvencionados con el 50% del Salario Mínimo Interprofesional y el 100% de la cuota patronal. 

Son subvenciones del Estado que se gestionan en las distintas Comunidades Autónomas, la normativa es o estatal, y viene reguladas en la orden MTAS de 16 de octubre de 1998 (BOE n 279, de 21.11.98), que establece ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo, para apoyar los puestos de trabajo. 

El SCE como órgano concedente de una subvención, bajo el paraguas de la orden MTAS de 16 de octubre de 1998, puede comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, mediante la documentación aportada por las entidades que han abonado sus nóminas a sus trabajadores con discapacidad, los seguros sociales y las retenciones de hacienda, que siempre se realizan a mes vencido, quedando acreditada la ejecución de los fondos solicitados, con la oportuna aportación de la documentación justificativa del gasto ocasionado.

Es la facultad de gestión, de una titularidad estatal que es normativa básica y de aplicación de requisitos técnicos y jurídicos. Desde el SCE se ha emprendido una política de acción contra los CEE, donde desde una vertiente criminalizadora, se intenta perseguir y castigar a los CEE que son los únicos entes que emplean a personas con discapacidad, dando viabilidad a un colectivo de personas con discapacidades distintas y diversas. 

Para ello se utiliza, sin tener competencias visitas de inspección camufladas como de seguimiento de subvenciones, cuando la normativa no les asigna tal función. 

En la actual configuración de la RPT del organismo público, no tiene contempladas las funciones que se pretende instaurar de forma estructural, ni para el personal laboral -la ley impide realizar estar funciones y tampoco tiene estas funciones en el vigente convenio colectivo-, ni tan siquiera para el personal funcionarial, adscrito al SCE. 

Dichas funciones son específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y pueden recibir apoyo y colaboración por personal funcionario adscrito al SCE, cuestión que no se produce, pues es personal laboral no fijo quien está realizando estas funciones de autoridad, fe pública y asesoramiento legal preceptivo, que den mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, que no se les reconoce al personal laboral según la Ley de la Función Pública Canaria, y menos aún si dichas personas, son personal laboral no fijo en la Administración Pública. 

Este tipo de entidades, asociaciones y empresas de economía social dirigen sus esfuerzos a personas que tienen bajos índices de empleabilidad o son prácticamente inempleables. A estas personas, este tipo de entidades, las estás sacando del mundo de la prestación o de cualquier otro tipo de subvenciones, por lo que están haciendo una inversión social y aliviando el gasto social fomentando el empleo de personas que no tendrían trabajo de otra manera.

Todo lo demás que se ha adjudicado de forma irregular desde el SCE incumplen la actual normativa que establece ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo, para apoyar los puestos de trabajo, y originan una persecución hacia los CEE que dan trabajo a las personas con discapacidad, al arrogarse competencias que no les corresponden, al tratarse de subvenciones gestionadas del Estado.