La manipulación a favor de Tenerife del sistema electoral en Canarias en el XIX
Es curioso ver como la historia se repite. El actual sistema electoral canario es injusto, fraudulento y poco representativo. Lo mismo podemos decir de los sistemas electorales que existieron en el siglo XIX en Canarias y que fueron manipulados, invariablemente, en favor de Tenerife para asentar su hegemonía.
El predominio de la oligarquía tinerfeña nace a raíz de la unión de intereses comerciales y familiares entre los apellidos ilustres y los militares en torno al comercio generado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y la Capitanía General. Esa unión de intereses económicos y familiares persiste hoy en día dentro de la oligarquía tinerfeña de CC. No es raro ver a destacados miembros de CC con mantilla en desfiles militares o en Misa, ya que el clero es el tercer pilar de esa triple alianza.
La Capitanía General, originariamente tuvo su cede en Las Palmas pero fue a iniciativa de los propios Capitanes Generales - el equivalente a gobernador o Virrey en América - quienes la trasladaron a Santa Cruz de Tenerife para participar en el negocio del vino y por ser este el único puerto de Canarias autorizado a comerciar con América durante la época del comercio de Flotas de la Casa de Contratación de Indias. Este traslado se hace definitivo en 1723, consolidándose Santa Cruz como la “Capital militar” de Canarias desde entonces.
Santa Cruz era el único puerto insular autorizado para el tráfico con las colonias americanas por el Reglamento de 1778, monopolio legal que en la práctica acabó extendiéndose al grueso los intercambios con el exterior. Si se quería importar o exportar algo desde Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura a Cuba, Venezuela o donde fuese tenía que pasar obligatoriamente por el Puerto de Santa Cruz, lo mismo para las mercancías recibidas.
Una vez acabada la Casa de Contratación y el Reglamento de 1778, y con la excusa de la proliferación del contrabando, las autoridades santacruceras lograrían arrancar de Madrid la Real Orden de 16 de diciembre de 1817, que mantuvo el monopolio del comercio exterior canario en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los buques extranjeros, españoles y americanos tuvieron otra vez que dirigirse hasta el puerto tinerfeño a fin de abrir los registros, descargar los efectos y presentarlos en la Aduana, pagar los derechos y volverlos a embarcar y transportarlos a cualquiera de las otras islas a donde viniesen consignados.
El objetivo de la oligarquía de Tenerife consistió en imponer su primacía mercantil en Canarias, utilizando todos los recursos a su alcance y en especial su alianza con Capitanía General. El controlar el comercio le permitía a la oligarquía santacrucera extraer rentas del resto de las islas tal y como expone el sindico personero del cabildo de Lanzarote, Juan Valenciano en una Exposición del 12 de abril de 1818: «atribuyendo los comerciantes del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, como también los del Puerto de la Orotava, la decadencia actual de su comercio, no a la misma decadencia del valor y estimación de sus vinos, y a otras causas que la producen, han creído que la habitación y puerto de Lanzarote [Arrecife], contribuía en una pequeña parte a la paralización de su comercio, y no han perdonado medio que estuviese a su alcance para el logro de un intento que al fin han conseguido. Esto es sin duda lo que en realidad pasa. De aquí el notable perjuicio y gravamen a estos naturales de Lanzarote de recibir por segunda mano de sus privilegiados de Tenerife los efectos mucho mas recargados o caros de los que de otra suerte los comprarían; de aquí también el vernos reducidos a vender desventajosamente nuestra piedra de barrilla, único artículo con que atendemos a una de las primeras necesidades de la vida, que es el vestuario, y con que atendemos también, si del mismo artículo nos queda algún sobrante, al alimento que nos viene de fuera, tantas cuantas veces nos lo niega nuestro suelo, como en el día sucede»
Lo que ha detentado el poder real en Canarias es el control de la conexión con el exterior y del comercio, y este ha estado y está preferentemente en manos tinerfeñas mediante todo una entramado burocrático y administrativo que hace de Canarias una de las Comunidades autónomas más burocráticas e intervencionistas que existen...
Como dice Gonzalez Vieitez en un reciente articulo “esa especialización en exportables con el mundo exterior, tenía que hacerse desde cada isla. Eso solo ocurrió durante mucho tiempo desde las islas realengas, las más “desarrolladas”. Así, cada vez que una isla alcanzaba la masa crítica suficiente, su principal aspiración era controlar sus propias conexiones con el exterior y dejar de tener que pasar por otra isla. La verificación más reciente de esa caracterización histórica es el caso de la especialización turística de Lanzarote y Fuerteventura. Llegado su momento crean sus propios aeropuertos internacionales y pueden dejar de depender de nadie de fuera, en este caso, de Gando.” Pero no solo son los exportables, también son los aprovisionamientos, tan importantes en unas islas que han carecido prácticamente de industria, y aquí es donde juegan un papel de lobby importantísimo el club de importadores cuya política ha sido la de protegerse de la competencia interior fomentando toda una serie de regulaciones que les favorecen y les permite extraer rentas a costa del consumidor.
Hasta finales del siglo XIX ese papel centralizador del comercio lo ocupó Tenerife. Con la construcción del Puerto de la Luz y de Las Palmas, la división provincial y los Puertos Francos, Gran Canaria pudo librarse de ese “peaje” y relacionarse directamente con el mundo exterior. Fue una época de florecimiento y avance promovido por el librecambismo. La época de mayor que ha existido en Canarias.
A día de hoy el peaje lo pagamos a España, ya que le compramos más del 90% de nuestras importaciones totales - cuando en 1900, durante los puertos francos, le comprábamos el 12% solamente - sin que esta cifra pueda justificarse por la competitividad internacional de la economía española. Han convertido a Canarias en una colonia turística y en un mercado cautivo. Canarias es a día de hoy la Cuba española del siglo XXI.
Evidentemente el control de las relaciones con el exterior, tanto de importación como de exportación no se puede conseguir sin el control político. Es a través del control político como se puede controlar, ampliar o evitar, la libre relación con el mundo exterior a través e trabas burocráticas, leyes, decretos y barreras informales de carácter administrativo.
Ese control de las relaciones comerciales y de inversión con el mundo exterior hoy se hace a través de dos instrumentos principalmente. El primero es el Régimen Económico y Fiscal o REF, que es el establecimiento de toda una serie de prebendas y privilegios a unos pocos. El segundo instrumento es el estatus de Región Ultraperiférica dentro de la UE que limita o elimina la capacidad de relacionarnos directamente con el resto del mundo.
Evidentemente para controlar esto es necesario una maraña burocrática y administrativa que está básicamente en Tenerife, en manos de Coalición Canaria desde hace décadas. Como hemos visto la alianza entre la oligarquia tinerfeña y el Estado español a través de Capitanía General es muy antigua, varias veces centenaria como veremos, pero es parte del entramado que ha sostenido a las élites de ATI en el poder tanto durante la dictadura franquista como desde la Transición hasta la actualidad.
Para controlar la maraña administrativa hace falta controlar el poder político y esto se hace a través de una Ley Electoral Canaria que como hemos dicho es injusta, fraudulenta y poco representativa, pero que es el núcleo del Pacto Colonial entre la oligarquía tinerfeña y los intereses españoles. Los caciques de las islas menores alineados con la CoCa también participan del juego, pero en menor medida.
Quizás nos sorprenda saber que durante el siglo XIX pasó lo mismo. El sistema electoral fue sistemáticamente manipulado en favor de Tenerife y su alianza con los militares de la Capitanía General y la Corona española tal y como nos cuenta Agustín Millares Cantero en su libro “Santa Cruz Dominadora: el centralismo interno y la provincia imposible en el XIX canario“ de donde salen la mayoría de los siguiente párrafos.
El denominador común de todos los sistemas electorales durante el XIX sería la protección de la superioridad tinerfeña, utilizando muy distintas varas de medir para los otros isleños. La norma fue que Tenerife, con la subordinación de Gomera y Hierro, además de Lanzarote en muchos casos, tuviera la mitad o casi de los cargos a elegir. El partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, el que sometía a estas dos islas periféricas, contó siempre con una de lo rátios más bajos de habitantes por diputado, muy inferior a la media); en contraposición, estuvieron permanentemente condenados los de Santa Cruz de La Palma y Las Palmas a resignarse ante el expansionismo forzoso e inmutable de Tenerife.
Las élites políticas de Santa Cruz siempre tuvieron por objeto arrancar para Tenerife el mayor cupo de la representación isleña en las cámaras legislativas nacionales. De esta forma podían fortalecer su capacidad de intermediación con Madrid y eliminar las pretensiones grancanarias. Las élites tinerfeñas tuvieron siempre muy claro lo que para ella significaba detentar la capitalidad del archipiélago en cuanto a sus frutos mercantiles y funcionariales, cuánto le debía en suma a las frágiles concesiones gubernativas del gobierno español. Por eso siempre han buscado en el amparo de Capitanía General y la Corona, la forma de mantener artificialmente su supremacía en el archipiélago.
Mientras que el partido judicial (circunscripción) de Tenerife incluyó siempre a Gomera y Hierro, el partido judicial de Las Palmas y los de Lanzarote y Fuerteventura se desprendieron, dejando a Tenerife la posibilidad siempre de aliarse con el partido judicial de La Palma o con Lanzarote en contra de Gran Canaria. A su favor jugaba no solo la sobrepresentación sino el control de las instituciones y la burocracia al estar en Santa Cruz la capital regional y Capitanía General.
Los cuerpos de empleados estatales y provinciales que estaban en activo en 1860 se localizan por antonomasia en Tenerife, convertida así en la isla de los burócratas. La capital de la provincia y otros tres municipios tinerfeños (La Laguna, Puerto de la Cruz y La Orotava), concentraron 278 individuos dedicados entonces al servicio público, el 72,2% de todo el Archipiélago.
En el eje Santa Cruz-La Laguna radicó el 64,6% del personal que dependía de la administración provincial única, y casi las tres cuartas partes de la estatal tuvo residencia tinerfeña. Unos dos centenares de familias vivían en Santa Cruz de los fondos públicos. Los daños de la burocracia santacrucera en las oficinas provinciales o en las delegaciones ministeriales de la administración central, por sobrados motivos, fueron denunciados con reiteración por cuantos tuvieron que padecerlos una y otra vez en las seis islas sometidas a los dictados del centralismo oficial. Estas huestes estaban evidentemente comprometidas en la defensa a ultranza de la unidad provincial y repudiaban cualquier descentralización de funciones.
Los censos y las jurisdicciones electorales debían garantizar la ventaja tinerfeña frente a Gran Canaria, convirtiendo a Santa Cruz de Tenerife en epicentro de la política doméstica, aunque en ocasiones violentaran la legalidad.
Ya en 1835, durante las elecciones para el Estamento de Procuradores del Estatuto Real, la composición de la junta electoral dio la primacía a Tenerife con ocho compromisarios, frente a los cuatro para Gran Canaria y dos por cada una de las demás islas, reservándose así las Occidentales una mayoría de 14 votos sobre un total de 22.
Al aprobarse la Constitución de 1837, el Archipiélago estuvo sin representación en las Cortes moderadas en el transcurso de quince largos meses (desde noviembre de 1837 hasta febrero de 1839), debiéndose la anomalía a la engorrosa elaboración de los registros censales que llevaba a cabo la Diputación, con una mayoría de parciales tinerfeños. Si bien la normativa electoral otorgaba más electores a Gran Canaria que a Tenerife en la demarcación única, por incluir a los labradores con una o dos yuntas y a los pescadores del salado, el cuerpo provincial maniobró a fin de conferir el derecho al voto solamente a quienes pagasen al menos quince reales de contribución. Una real orden de 25 de abril de 1838 resolvió las dudas a favor de los grancanarios, pero la victoria de su plancha en los comicios de marzo-abril de 1839 quedó sin efecto por la disolución inmediata del legislativo.
Los diputados provinciales al servicio de Tenerife aprendieron la lección y se afanaron en multiplicar las tretas. Las disposiciones que aprobaron el 5 y el 16 de agosto de 1839 entrañaban la adulteración flagrante del inventario electoral, favoreciendo descaradamente a Tenerife y perjudicando en extremo a Gran Canaria. El ayuntamiento de Las Palmas denunció en una Exposición del día 27 semejante “arbitrariedad” y las rebajas ilegales que trajo consigo. Los dos primeros núcleos de población de la isla (Las Palmas y Telde), que superaban a sus iguales tinerfeños (Santa Cruz y La Laguna) en más de 10.000 habitantes y más de 2.000 vecinos, aparecían por arte de magia con un tercio menos de electores. A la jurisdicción de Telde, en cuya vecindad predominaban los arrendatarios y los aparceros con dos yuntas, se le adjudico, un electorado que no llegaba a las dos quintas partes del atribuido a Santa Cruz, al paso que el de La Laguna superaba absurdamente al de Las Palmas.
La junta general del escrutinio en las elecciones legislativas tuvo que escuchar las protestas del comisionado Carlos de Grandy y Caviedes, que arremetió contra el aumento inconcebible de electores gomeros y tinerfeños diciendo que los electores de La Laguna eran muy numerosos “sin que sus fuentes de riqueza sean tales que hagan de cada vecino un elector”. El comisionado Grandy afirmó que, “si se tiene en cuenta la clase del cultivo hecho en Canaria, la mayor división de su riqueza y los empresarios de la pesca del salado allí establecida, la dan un gran número de electores más que a las otras Islas, que la Diputación ha rechazado a pesar de tres órdenes terminantes del Gobierno, debieron ambas islas con muy corta diferencia figurar el mismo numero de votantes en sus listas”.
A pesar de que Las Palmas era la mayor ciudad del archipiélago y la que más tributos recaudaba, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna tenían en conjunto 1.569 electores mientras que Las Palmas apenas 723. La Gomera paso de 105 a 340 y el municipio tinerfeño de El Rosario de un elector a 49. Vemos que los pucherazos electorales a través de la manipulación de los censos no es cosa de ahora.
Unos pocos años después, la Ley Electoral de 18 de marzo de 1846 dibujo un mapa de distritos electorales que entregó a la villa capital de Santa Cruz de Tenerife el control sobre tres islas (Lanzarote, Gomera y Hierro), adjudicando a los tinerfeños la mitad de los seis escaños insulares. A pesar de la agregación de Fuerteventura al distrito de Guía en Gran Canaria, la representación grancanaria en las Cortes quedó reducida a un tercio.
Durante la década de 1860 la estructura de los distritos siguió favoreciendo al grupo de Tenerife y dejó al otro infrarrepresentado: a un 55-57% de los electores incorporados a la circunscripción occidental elegía a cuatro diputados y un 43-45% de los orientales solamente a dos.
Avanzada la Restauración borbónica y otra vez con sufragio censitario y capacitario, en 1881 elegían tres diputados Tenerife-Gomera-Hierro con el 40,9% de los electores y apenas dos Gran Canaria-Lanzarote-Fuerteventura con el 48,3%. La Palma era una circunscripción aparte.
Ocupando el grancanario León y Castillo la cartera de Ultramar, la ratio en las Islas Occidentales-significaba un diputado por cada 996 electores y en las Orientales se remontaba a 1.864, casi el doble. Este panorama subsistió al implantarse el sufragio universal, cuando en 1894 aquéllas designaban cuatro parlamentarios con unos 164.000 habitantes y éstas apenas dos con otros 120.000.
El espíritu de dominación que anidó entre la burguesía de Santa Cruz de Tenerife tuvo una de sus múltiples expresiones en el movimiento juntero, al constituir los organismos transitorios que supuestamente habrían de representar a toda la provincia tras la caída de los regímenes centrales. Santa Cruz prosiguió aquí la directriz inaugurada por la Junta Suprema de La Laguna en julio de 1808, que según el profesor Rumeu impuso un “irritante desequilibrio” entre las dos islas principales: dieciocho portavoces para Tenerife y apenas cinco para Gran Canaria; limitados a tres con propiedad, ya que los reservados al Cabildo eclesiástico y la Audiencia eran ‘regionales’ en sentido estricto
La Junta ‘Provincial’ de 1836, por ejemplo, estuvo casi exclusivamente formada por vecinos de Tenerife y cerca de la mitad de sus integrantes pertenecían o habían pertenecido al Ayuntamiento de la villa capitalína. En apariencia los tinerfeños y los grancanarios sumaron igual número de ejecutores (cinco respectivamente), pero entre los ‘representantes’ de estos últimos figuraban el segundo cabo y brigadier Antonio Moreno, el alcalde de Santa Cruz Miguel Soto, su posterior edil José de Lara y su médico titular Pedro José Díaz; el único nacido en la isla redonda fue el doctor Segundo María Carrós, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad Literaria de San Fernando desde 1828. Los hijos de la Gran Nivaria Triunfante se adjudicaron las delegaciones correspondientes a La Palma, Lanzarote y El Hierro, a las que tendríamos que agregar muy probablemente las de Fuerteventura y La Gomera.
El 69% de todos los junteros conocidos que la capital provincial designó entre 1836-1854 eran oriundos o habitaban en Tenerife, otorgándole a Gran Canaria sólo un 17%. Tal parece que los individuos de las cúpulas militar y civil de la provincia y sus colaboradores entre las jerarquías municipales santacruceras, pensaron sistemáticamente que todos los insulares eran subordinados suyos sin derechos, obligados a decir amén a cuanto ellos decidían. Si cabe una transparente exhibición de la mentalidad centralista que singularizó a los dirigentes de Santa Cruz, la encontramos en su peculiar forma de entender la formación de Juntas isleña ante los pronunciamientos sucesivos del XIX español
Un ejemplo de como Santa Cruz usó el poder político para tratar de hacerse con el control económico del archipiélago lo tenemos en como gestionó Tenerife la hambruna que padeció Gran Canaria en 1846-1847 sin que esta última isla recibiera siquiera una contrapartida elemental en tales circunstancias dramáticas. La insensibilidad de las autoridades provinciales de Tenerife llegó al paroxismo durante la terrible epidemia de cólera morbo asiático de 1851, un azote que acabó en pocos meses con el 9,5 por 100 de la población insular de Gran Canaria; la mortalidad alcanzó en Las Palmas al 20,4 por 100 de sus habitantes. Más allá de las ineficaces medidas de los gestores santacruceros, destacó el proceder insolidario y el propósito de sacar tajada con la tragedia de los antagonistas. La Junta Provincial de Comercio, integrada por la flor y nata de los especuladores capitalinos de Santa Cruz, aprovechó la desventura de los grancanarios para solicitar la exención del pago del subsidio en toda la provincia. Y cuando el ayuntamiento de Las Palmas imploró ante Madrid el perdón de los tributos en el segundo semestre del año, el de Santa Cruz requirió la condonación de las contribuciones territoriales del cuarto trimestre en el grupo occidental, por una cuantía superior a la de aquellos. Si a él le quitas a mi más, debieron pensar los próceres de Nivaria. Evidentemente Tenerife no estaba dispuesta a renunciar a la ventaja comparativa que le había provocado la desgracia grancanaria.
Una de las consecuencias más graves derivadas del ataque colérico fue que Gran Canaria quedó sometida por órdenes santacruceras a una ‘incomunicación rigurosa’ que duró nueve meses, entre junio de 1851 y febrero de 1852. La Comandancia principal de Marina dispuso que se desmantelaran los timones de todos los buques anclados en sus puertos, dando origen así a una gran escasez de fármacos y de suministros de carbón, leña o tabaco. Aunque la última defunción registrada correspondió al 18 de septiembre de 1851, los edecanes de Santa Cruz rechazaron una y otra vez las súplicas grancanarias dirigidas a suavizar el bloqueo y tipificar sólo de patente sospechosa a sus embarcaciones. Los comisionados que envió la propia Junta Provincial de Sanidad certificaron el 16 de octubre ante el gobernador las fechas de los contagios finales, sin que por ello pasara a ser restablecida la libre comunicación hasta un cuatrimestre después. En verdad alentaron ‘intereses de especulación’ bajo las protestas de salvaguardar la salud pública en el archipiélago.
La Exposición elevada a la Corona el 12 de diciembre por el consistorio de Las Palmas y la Junta Municipal de Sanidad hacía referencia a un “verdadero plan” encaminado a obtener la traslación de la Real Audiencia, hacerse con el poderío del comercio interinsular e inferir un golpe de muerte a la industria pesquera del salado. Asimismo, el Memorial divisionista de principios de 1852 adujo que la prolongada incomunicación grancanaria permitió a las firmas comerciales de Santa Cruz monopolizar prácticamente las relaciones mercantiles con las demás islas.
La calculada insolidaridad de las instituciones santacruceras en 1851 alcanzó igualmente a los naturales de Lanzarote y Fuerteventura. Abrigando el temor de que la sequía y las pobres cosechas desplazaran hacia Tenerife un mayor contingente del habitual en tales condiciones, debido al cierre de Gran Canaria, la referida Junta Provincial de Sanidad acordó el 23 de junio prevenir a todos los cargos oficiales que no permitiesen conducir más de un pasajero por tonelada, incluida la tripulación. Los agiotistas de Santa Cruz estaban siempre muy dispuestos a ganar consumidores en aquellas islas, pero otra cosa diferente era asistir a los necesitados. Sea como fuere, los tristes episodios del cólera trajeron consigo una mayor y ya irreparable fractura entre los cenáculos de Las Palmas y Santa Cruz, que dejará heridas abiertas en la memoria, de esas que tardan muchísimo en cicatrizar.
Otra buena demostración del doble rasero aplicado en las Islas al sobrevenir un lance de esta índole fue lo ocurrido durante la epidemia de cólera-morbo que padeció Santa Cruz de Tenerife en el último trimestre de 1893. Más de un mes estuvieron expuestas las demás islas a una pavorosa infección porque el gobernador civil Saturnino Vargas Machuca, fiel servidor de los intereses comerciales de Santa Cruz, se negó en redondo a interrumpir las comunicaciones marítimas. En Las Palmas hubo desde mediados de octubre lógicas reacciones de indignación ante esta política discriminatoria, recordando los módulos contrarios de 1851.
Para finalizar y como conclusión veremos que durante la mayor parte del siglo XIX el poder político y el control de las relaciones con el exterior estaba en manos de la oligarquía tinerfeña que lo usó en su propio provecho. Los abusos de Santa Cruz impulsan la idea de la división provincial que finalmente se da en 1927. La cochinilla había creado riqueza en Canarias y bastante repartida porque cualquiera podía plantar tuneras y cultivar cochinilla, además los saquitos de cochinilla se usaron como moneda - al igual que los saquitos de oro en el Salvaje Oeste- esto acabó con la escasez crónica de moneda generando una expansión monetaria que favoreció el crecimiento y las relaciones con el exterior. Pero la cochinilla entró en crisis por la aparición de las anilinas sintéticas. Luego vendría la el segundo ciclo de la caña de azúcar, las fabricas de rones, las papas, el tomate y los plátanos.
Con el decreto de Puertos Francos de 1852 se abre una ventana de esperanza, contra los efectos negativos que tuvo la inclusión de Canarias en la Unión Aduanera con España a raíz del arancel de 1812, se opta por sacar a Canarias del Arancel Común y permitir un librecomercio. Aquí la economía isleña vive su momento más dulce e innovador bajo la influencia británica, pero esta liberalización y prosperidad del comercio no llego a desarrollar todo su potencial por una sencilla razón; mientras que las instituciones económicas se habían hecho algo más inclusivas, no ocurría lo mismo con las instituciones políticas. El intento de Tenerife de conservar su supremacía primero, durante la primera época de los Puertos Francos en el XIX y principios del XX mediante la manipulación administrativa y la burocracia, y luego con el franquismo tras la guerra civil, hizo que los beneficios del crecimiento fueran a engordar los bolsillos de los caciques principalmente y que solo se permitiese el crecimiento que les interesara y del que participaran.
En los últimos 40 años y gracias al sistema actual centrado en el REF, la RUP y sostenido por una ley electoral deficiente, ha ocurrido lo mismo o peor. La corrupción campa a sus anchas, el desarrollo turístico beneficia solo a la élite. Si en el siglo XIX fue la deforestación, el desastre ecológico en el XX ha sido la construcción sin medida. La historia se repite, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Por eso la calidad de las instituciones democráticas es fundamental, por eso la Reforma de la Ley Electoral Canaria es fundamental, porque solamente bajo instituciones políticas realmente democráticas puede el crecimiento económico ser inclusivo.
